El gobierno ha creado un Consejo Asesor para evaluar el comportamiento ético de las Asociaciones de Consumidores mediante la Disposición 25/2012 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
Esto tiene un claro propósito que es controlar a las Asociaciones de consumidores mas allá de los parámetros legales referidos a los requisitos de reconocimiento y habilitación para funcionar y entrando en una zona en la que, bajo un poco claro concepto de ética, se podrá limitar sus derechos o eventualmente privarlas del ejercicio de los mismos.
Entre los considerandos que motivan la disposición se invocan razones que, desde la mirada de la Constitución son inadmisibles. Así por ejemplo, refiere que la defensa de los consumidores es hoy una política de Estado y que por lo tanto se deja de lado el modelo que transfirió a los consumidores la responsabilidad de velar por sus derechos.
Esto podría interpretarse como un mensaje dirigido a los consumidores, diciéndoles, no se preocupen yo los voy a cuidar, mensaje que si involucra a funcionarios de reconocida violenta trayectoria, representa en el imaginario colectivo, algo así como el zorro cuidando el gallinero.
Por lo demás, esto implicaría vulnerar el derecho reconocido por el artículo 42 de la Constitución Nacional incorporado por la Reforma de 1994. Los consumidores son titulares de sus derechos y nadie puede privarlos de su ejercicio, so pretexto de haber asumido la responsabilidad de su custodia. En el debate de la reforma, al exponerse el dictamen de mayoría el miembro informante señaló la voluntad del constituyente en relación a las asociaciones de consumidores: “También proponemos en el texto constitucional la preservación y solución de los conflictos que se puedan plantear. Para ello brindaremos acceso gratuito a la justicia, asesoramiento previo e incorporamos la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios para que puedan defender estos derechos.” Esto significa que el Estado no puede quitarles este derecho porque hacerlo iría en contra de la Constitución.
En el debate se insistió sobremanera en la necesidad de promover la activa participación de las asociaciones, a través de herramientas eficaces, y ahora el Estado busca debilitarlas con estas medidas.
Si uno continúa leyendo los considerandos de la Disposición, aparece “la madre del borrego”, es decir la clara confesión de los motivos que impulsan la decisión: “…el Estado debe realizar acciones positivas en resguardo de la libertad de elección de los consumidores y usuarios, basada en información veraz, no discriminación y educación para el consumo”. “…Que en este sentido pueden presentarse situaciones que avancen sobre el plano ético vinculadas a conflictos de intereses, asimetrías informativas, y malas praxis basadas en debilidades técnicas, entre otras…”
El gobierno no admite que las asociaciones de consumidores registren o publiquen índices o datos estadísticos diferentes de los que publica el otrora prestigioso, Indec, y es por eso que la palabra “veraz” adquiere aquí el significado de información oficial. Todo aquello que difiera de la información oficial, podrá incluirse dentro de las conductas antiéticas que serán materia de evaluación por el consejo asesor que a los efectos no importa que este integrado por asociaciones de consumidores, por cuanto siempre puede recurrirse a echarlos de la sala de la reunión.-
