DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA: GANAN LOS JUSTICIABLES?


La sabiduría popular dice “No aclares que oscurece”, buen consejo que muchos debieran seguir. Por más esfuerzos retóricos que intente la presidente para decir que no dijo lo que dijo, hablar de la democratización de la justicia significa que ella piensa que el Poder Judicial no es democrático. Afirmación de gravedad institucional, que no se condice con la realidad y que hubiera impuesto que el gobierno que está en ejercicio del poder desde el año 2003, hubiera reaccionado mucho antes si esto hubiera sido así.

De todos modos estamos ya acostumbrados a los títulos grandilocuentes con los que el gobierno embandera sus batallas personales y que tienen por finalidad, pretender enlazar opiniones y voluntades que se encolumnen con expresiones de apoyo a los valores que  supuestamente postula con su iniciativa.

En tal sentido, los proyectos que fueran presentados por el Ejecutivo al Congreso de la Nación impactarán en los justiciables, pero restringiendo y obstaculizando las acciones que constituían herramientas válidas para obtener la protección de derechos ante acciones del Estado.

Así por ejemplo, el proyecto que modifica las medidas cautelares contiene tantos requisitos, plazos y trámites que deben acreditarse para poder acceder a una medida cautelar que en la práctica, significará que el particular que ya se encuentra en situación de desigualdad ante el poder de imperio que detenta el Estado, se verá impedido de reclamar ante la justicia la protección de sus derechos.

Pero si el ciudadano lograra esforzadamente dar cumplimiento a todos los requisitos que por la ley se imponen y el juez le concediera la medida cautelar, el proyecto no ha descuidado la posibilidad de trabarle el camino, facultando al Estado o al organismo descentralizado de que se trate a solicitar el levantamiento de la medida o sustituirla por otra, prohibiendo además la posibilidad de aplicar sanciones pecuniarias a los funcionarios. Claramente, nadie se hace cargo.
Pretende igualmente a través de otra de las iniciativas, reformar el Consejo de la Magistratura y este proyecto nos merece un primer interrogante que es inevitable. Por qué motivo la presidente que, siendo senadora de la Nación en el año 2005 impulsó la reforma del Consejo de la Magistratura para disminuir el número de miembros, hoy está planteando que vuelvan a incrementarse?

En aquella oportunidad, se argumentaba que el organismo con veinte miembros era elefantiásico y que ello implicaba una cantidad de recursos asignados de manera ineficiente, con el agravante de que esos recursos salían de los bolsillos de los contribuyentes.
Entonces sorprende que ahora el gobierno se despreocupe de los bolsillos de los contribuyentes y busque nuevamente incrementar el número de miembros, desnudando la incoherencia del cambio de opinión tan extremo.

Pero además, se promueve la modificación de la forma de elección de los miembros del Consejo de la Magistratura y en este sentido es muy importante destacar que las instituciones de la República  no son un comité de campaña y que la soberanía popular no puede servir como el pretexto para desvirtuar las calidades, cualidades, y requisitos indispensables de funcionamiento que hacen a la investidura de los organismos que demandan ciencia y técnica adecuadas para definir cuestiones tan serias, como los nombres de magistrados que serán custodios de los derechos, la vida y la libertad de los ciudadanos de este país.

La presidente en su discurso mencionó que por qué motivos no pueden ser miembros del Consejo de la Magistratura un contador o un arquitecto, pretendiendo generar una imagen corporativa del organismo. En realidad se trata de idoneidad para la función que demanda una formación y acreditación específica, no mejor que la de otros, diferentes y con su campo de conocimiento propio.

Finalmente, otro punto que merece destacarse en el discurso oficial es el del supuesto “debate” que se realizará en el Congreso, paso que ya se encargaron de cercenar totalmente en la Cámara de Senadores, habiéndolo anunciado previamente al decir que no se le modificaría nada al texto de los proyectos, excepción hecha de algún involuntario error de tipeo. Este es el debate democrático que postula el gobierno? Este es su sentido de democracia? 

Hace tiempo que en el Congreso se han dejado de debatir los proyectos que envía el Ejecutivo, porque el oficialismo imponiendo su mayoría solo tiene libertad para definir los días y horarios de reunión, pero con relación a los proyectos, no hay posibilidad de incluir modificaciones, aun cuando se adviertan errores o imprecisiones.

La justicia no tiene que tener calificativos, mucha, poca, grande, moderna, cercana, lejana. La justicia encuentra su esencia en la austeridad de la única condición que la define, tiene que ser justa.-