La sabiduría popular dice “No aclares que oscurece”, buen consejo que muchos debieran seguir. Por más esfuerzos retóricos que intente la presidente para decir que no dijo lo que dijo, hablar de la democratización de la justicia significa que ella piensa que el Poder Judicial no es democrático. Afirmación de gravedad institucional, que no se condice con la realidad y que hubiera impuesto que el gobierno que está en ejercicio del poder desde el año 2003, hubiera reaccionado mucho antes si esto hubiera sido así.
De
todos modos estamos ya acostumbrados a los títulos grandilocuentes con los que
el gobierno embandera sus batallas personales y que tienen por finalidad,
pretender enlazar opiniones y voluntades que se encolumnen con expresiones de
apoyo a los valores que supuestamente
postula con su iniciativa.
En
tal sentido, los proyectos que fueran presentados por el Ejecutivo al Congreso
de la Nación impactarán en los justiciables, pero restringiendo y
obstaculizando las acciones que constituían herramientas válidas para obtener
la protección de derechos ante acciones del Estado.
Así
por ejemplo, el proyecto que modifica las medidas cautelares contiene tantos
requisitos, plazos y trámites que deben acreditarse para poder acceder a una
medida cautelar que en la práctica, significará que el particular que ya se
encuentra en situación de desigualdad ante el poder de imperio que detenta el
Estado, se verá impedido de reclamar ante la justicia la protección de sus
derechos.
Pero
si el ciudadano lograra esforzadamente dar cumplimiento a todos los requisitos
que por la ley se imponen y el juez le concediera la medida cautelar, el
proyecto no ha descuidado la posibilidad de trabarle el camino, facultando al
Estado o al organismo descentralizado de que se trate a solicitar el
levantamiento de la medida o sustituirla por otra, prohibiendo además la
posibilidad de aplicar sanciones pecuniarias a los funcionarios. Claramente,
nadie se hace cargo.
Pretende
igualmente a través de otra de las iniciativas, reformar el Consejo de la
Magistratura y este proyecto nos merece un primer interrogante que es
inevitable. Por qué motivo la presidente que, siendo senadora de la Nación en
el año 2005 impulsó la reforma del Consejo de la Magistratura para disminuir el
número de miembros, hoy está planteando que vuelvan a incrementarse?
En
aquella oportunidad, se argumentaba que el organismo con veinte miembros era
elefantiásico y que ello implicaba una cantidad de recursos asignados de manera
ineficiente, con el agravante de que esos recursos salían de los bolsillos de
los contribuyentes.
Entonces
sorprende que ahora el gobierno se despreocupe de los bolsillos de los
contribuyentes y busque nuevamente incrementar el número de miembros,
desnudando la incoherencia del cambio de opinión tan extremo.
Pero
además, se promueve la modificación de la forma de elección de los miembros del
Consejo de la Magistratura y en este sentido es muy importante destacar que las
instituciones de la República no son un
comité de campaña y que la soberanía popular no puede servir como el pretexto
para desvirtuar las calidades, cualidades, y requisitos indispensables de
funcionamiento que hacen a la investidura de los organismos que demandan
ciencia y técnica adecuadas para definir cuestiones tan serias, como los
nombres de magistrados que serán custodios de los derechos, la vida y la
libertad de los ciudadanos de este país.
La
presidente en su discurso mencionó que por qué motivos no pueden ser miembros
del Consejo de la Magistratura un contador o un arquitecto, pretendiendo
generar una imagen corporativa del organismo. En realidad se trata de idoneidad
para la función que demanda una formación y acreditación específica, no mejor
que la de otros, diferentes y con su campo de conocimiento propio.
Finalmente,
otro punto que merece destacarse en el discurso oficial es el del supuesto
“debate” que se realizará en el Congreso, paso que ya se encargaron de cercenar
totalmente en la Cámara de Senadores, habiéndolo anunciado previamente al decir
que no se le modificaría nada al texto de los proyectos, excepción hecha de
algún involuntario error de tipeo. Este es el debate democrático que postula el
gobierno? Este es su sentido de democracia?
Hace
tiempo que en el Congreso se han dejado de debatir los proyectos que envía el
Ejecutivo, porque el oficialismo imponiendo su mayoría solo tiene libertad para
definir los días y horarios de reunión, pero con relación a los proyectos, no
hay posibilidad de incluir modificaciones, aun cuando se adviertan errores o
imprecisiones.