VAN POR TODO

La semana que pasó estuvo plagada de hechos preocupantes que encienden una luz de alarma sobre la institucionalidad de la República, que necesariamente impacta en los derechos de los ciudadanos. Es bueno que entendamos que sin República, no hay controles, no hay equilibrio de poderes, y no hay garantías de justicia. Y esto necesariamente representa un riesgo para todos.

Empezamos la semana con el conflicto de las fuerzas de Gendarmería y Prefectura por sus salarios, que se prolongó por varios días, durante los cuales se tuvo a la gente aguardando por la respuesta del gobierno. Como siempre, la respuesta del oficialismo llegó de la mano de la larga lista de culpables sobre el problema, que sorprendentemente no los incluye, aún cuando según el propio relato oficial, el desquicio en los salarios de estas fuerzas venía de la década del 90. 

Por que motivo, parece que siempre el gobierno se sorprende con cosas que están pasando delante de sus narices y que, como en este caso, no las ha visto en nueve años? 


Definitivamente, esta cuestión, como el accidente de trenes en once, como los problemas de YPF que llevaron a su estatización, todo nos lleva a la misma conclusión: la amarga sensación de cosas que pudieron evitarse y la omisión en los controles, y esta omisión debería ser responsabilidad de alguien más, que de un funcionario de segunda línea que redactó un decreto.

Pero además, la semana pasada fue signada por un tambaleo fuerte que el oficialismo le dio a las instituciones, al desconocer al presidente de la Auditoría General de la Nación Leandro Despouy, en lo que aparenta un claro intento por obstaculizar el ejercicio de las funciones de control de este organismo, perdiéndonos de esta manera la oportunidad de detectar a tiempo, de manera oportuna, antes de las muertes, antes de los desguaces y antes de las tragedias los problemas que existen, a fin de corregir el rumbo.

La sesión del día de ayer, también dejó su herida en la división de poderes, un principio básico de la República. En este sentido, imponiendo los números de la mayoría y contra todo argumento razonable, el oficialismo aprobó la licencia del titular del AFSCA (Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual). Con ello, un legislador, no pierde su condición de tal y al mismo tiempo se desempeña como funcionario del Poder ejecutivo. Es decir, que es parte simultáneamente, de ambos poderes del Estado, por cuanto la licencia, solo lo releva de cumplir sus funciones como diputado, pero no hace desaparecer su condición de tal.

Esto significa que la división de poderes, la independencia de los poderes, el equilibrio entre ellos y las facultades de control recíproco, han sido avasalladas, dejándonos a todos la triste sensación de la indiferencia oficial al respeto por estos principios.

Finalmente, se impuso el presupuesto. Nos gustaría decir que se aprobó en el marco de la democracia, luego de los debates y con la búsqueda de consensos y sobre todo, fundándose en datos ciertos y exactos. Pero nada de eso ocurrió. Una cosa es la aprobación por la mayoría, y otra muy diferente es imponer con prepotencia el número para cerrarse totalmente a cualquier tipo de discusión.

Y además, es necesario señalar que un presupuesto que no reconoce la inflación que existe, ya esta dándole la espalda a la realidad, de manera tal que a partir de ese dato, pocas son las esperanzas que podemos abrigar sobre lo construido en terreno pantanoso.

De a poco, parece que vamos perdiendo la capacidad de alarma y que las cuestiones que no parecen tocarnos nos son indiferentes, y sin embargo, ese proceso peligroso terminará por llevarse puesta nuestra República y cuando encontremos que se afectan nuestros derechos a la libertad, a la libre expresión, a entrar y salir libremente del territorio argentino, a trabajar, a la salud, a la educación, ya será muy tarde, porque como dice Niemöller ya no quedará nadie que hable por nosotros.-

EL QUE MIDE DISTINTO VA CONTRA LA ETICA

El gobierno ha creado un Consejo Asesor para evaluar el comportamiento ético de las Asociaciones de Consumidores mediante la Disposición 25/2012 de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor.


Esto tiene un claro propósito que es controlar a las Asociaciones de consumidores mas allá de los parámetros legales referidos a los requisitos de reconocimiento y habilitación para funcionar y entrando en una zona en la que, bajo un poco claro concepto de ética, se podrá limitar sus derechos o eventualmente privarlas del ejercicio de los mismos.

Entre los considerandos que motivan la disposición se invocan razones que, desde la mirada de la Constitución son inadmisibles. Así por ejemplo, refiere que la defensa de los consumidores es hoy una política de Estado y que por lo tanto se deja de lado el modelo que transfirió a los consumidores la responsabilidad de velar por sus derechos.

Esto podría interpretarse como un mensaje dirigido a los consumidores, diciéndoles, no se preocupen yo los voy a cuidar, mensaje que si involucra a funcionarios de reconocida violenta trayectoria, representa en el imaginario colectivo, algo así como el zorro cuidando el gallinero.

Por lo demás, esto implicaría vulnerar el derecho reconocido por el artículo 42 de la Constitución Nacional incorporado por la Reforma de 1994. Los consumidores son titulares de sus derechos y nadie puede privarlos de su ejercicio, so pretexto de haber asumido la responsabilidad de su custodia. En el debate de la reforma, al exponerse el dictamen de mayoría el miembro informante señaló la voluntad del constituyente en relación a las asociaciones de consumidores: “También proponemos en el texto constitucional la preservación y solución de los conflictos que se puedan plantear. Para ello brindaremos acceso gratuito a la justicia, asesoramiento previo e incorporamos la constitución de asociaciones de consumidores y usuarios para que puedan defender estos derechos.” Esto significa que el Estado no puede quitarles este derecho porque hacerlo iría en contra de la Constitución.

En el debate se insistió sobremanera en la necesidad de promover la activa participación de las asociaciones, a través de herramientas eficaces, y ahora el Estado busca debilitarlas con estas medidas.

Si uno continúa leyendo los considerandos de la Disposición, aparece “la madre del borrego”, es decir la clara confesión de los motivos que impulsan la decisión: “…el Estado debe realizar acciones positivas en resguardo de la libertad de elección de los consumidores y usuarios, basada en información veraz, no discriminación y educación para el consumo”. “…Que en este sentido pueden presentarse situaciones que avancen sobre el plano ético vinculadas a conflictos de intereses, asimetrías informativas, y malas praxis basadas en debilidades técnicas, entre otras…”

El gobierno no admite que las asociaciones de consumidores registren o publiquen índices o datos estadísticos diferentes de los que publica el otrora prestigioso, Indec, y es por eso que la palabra “veraz” adquiere aquí el significado de información oficial. Todo aquello que difiera de la información oficial, podrá incluirse dentro de las conductas antiéticas que serán materia de evaluación por el consejo asesor que a los efectos no importa que este integrado por asociaciones de consumidores, por cuanto siempre puede recurrirse a echarlos de la sala de la reunión.-